Prestaciones Laborales

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Tabla de contenidos

Jurisprudencia

Cuando el trabajo está sujeto a frecuentes suspensiones, no puede el Juez hacer una condenación global, sino que debe tomar en cuenta el tiempo efectivamente trabajado.[1]

Las prestaciones indicadas en el Artículo 84 son imperativas y deben ser concedidas aunque no las solicite particularmente el trabajador. El Juez no falla ultra petita al incluir una condenación al pago de 3 meses de salario a pesar de que el trabajador no la solicitó en su demanda.[2]

Se aplica la legislación dominicana al período entero trabajado, el cual se inició en Puerto Rico y continuó en el país hasta que el trabajador fue desahuciado.[3]

La prestación objeto del ordinal 3 del Artículo 84 del Código Trabajo, que tiene un evidente carácter sancionador, es de lugar tanto en casos de contrato por tiempo indefinido como en casos de contrato por obra o servicio determinado.[4]

Los trabajadores solicitaron el pago de la cuota de inamovilidad sindical como parte de sus prestaciones, pero alegaron ser despedidos, cuando su caso fue de desalojo. El Juez consideró justificado el desahucio por falta grave de los trabajadores, que le hicieron perder su derecho a inamovilidad sindical. Esa sentencia fue casada por tener motivos erróneos y contradictorios.[5]

De las prestaciones es deducible el préstamo concedido por la empresa para la adquisición de un automóvil, en el cual la empleada puso en garantía sus prestaciones laborales así como los valores que puedan corresponderle en el Plan de Retiros y Pensiones en caso de que fuera cesanteada.[6]

La prescripción de la acción en pago de la participación en los beneficios de la empresa (de 3 meses) no queda interrumpida por la presentación por la empresa de estados contables que mostraban falsamente la ausencia de beneficios.[7]

Resulta improcedente condenar a la empresa al pago de la regalía pascual y a 30 días de bonificación para el año anterior y a una bonificación proporcional para el año en curso. Las bonificaciones no forman parte del salario básico y no son computables para calcular las prestaciones a pagar en ocasión de una dimisión justificada.[8]

La empleada puso en garantía de un préstamo que le hizo el Banco Agrícola sus prestaciones laborales, así como los valores que pudieren corresponderle en el plan de retiro y pensiones. La suma pendiente de pago por la empleada injustamente despedida no puede ser deducida de sus prestaciones laborales y otros beneficios que le acuerdan las leyes laborales. Esa suma debe ser cobrada a la deudora por la vía ordinaria. De lo contrario ella se perjudicaría en razón de que las sumas debidas iban a ser rebajadas mensualmente de su salario y no ser deducidas en su totalidad.[9]

La condenación al pago de un día por retardo, la reserva del Artículo 86 del Código Trabajo es exclusivamente para los trabajadores que, habiendo sido objeto de un desahucio, no reciben el pago de sus prestaciones en el término de diez días. No corresponde a los trabajadores demandantes por despido injustificado.[10] [11] [12]

El hecho de que, por razones de una litis, el pago de las prestaciones laborales se realizara con posterioridad a la suscripción del pacto colectivo, no hacía a los trabajadores beneficiarios de dicho pacto, pues la terminación del contrato de trabajo es un hecho anteriormente consumado, independientemente del resultado de la demanda laboral.[13] [14]

El trabajador prestaba sus servicios en varias obras y fue despedido antes de que concluyera la última obra. De acuerdo con el Artículo 65 del Código Trabajo anterior, los contratos terminaban con cada obra. Por tanto, para imponer condenación por terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, sólo se podía computar el tiempo laborado en la última obra.[15]

La reclamación de pago de la regalía pascual, salarios dejados de pagar y horas extras no forman parte de las prestaciones laborales, que corresponden a un trabajador por la terminación del contrato de trabajo, sino que son derechos que tienen su origen en la prestación de servicios, por lo que el pago de las prestaciones no libera del pago de dichos valores.[16] [17]

Cuando el trabajador demanda la entrega de prestaciones adicionales a las ya recibidas, alegando que el pago recibido solo abarcaba uno de los dos contratos de trabajo que tenía con el empleador, debe demostrar la existencia del segundo contrato y las circunstancias de haber laborado en esas condiciones.[18]

La Corte a qua apreció que el recibo de descargo suscrito por la empleada por el alegado pago de sus prestaciones laborales, correspondía en realidad al pago de regalía y vacaciones, según una carta previa dirigida por la empresa a la trabajadora. Este recibo se reputó nulo al amparo del Principio IX del Código Trabajo.[19]

Los trabajadores firmaron un recibo de descargo por el pago de sus prestaciones laborales por un acuerdo durante la audiencia administrativa de la conciliación, abarcando solo preaviso y auxilio de cesantía. El Juez falló correctamente al ordenar al empleador el pago de la parte relativa a vacaciones, horas extras y bonificaciones.[20]

El empleado laboraba para una empresa con un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que incluía facilidades de crédito para adquirir una vivienda con una entidad financiera. Luego de ser despedido por tramitar un segundo préstamo sin permiso del empleador, introdujo una demanda en pago de prestaciones complementarias y reparación de daños y perjuicios admitida por la Corte a qua. La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia, porque la Corte atribuyó al segundo préstamo la finalidad de mejorar la vivienda adquirida por un préstamo anterior, sin señalar de dónde obtuvo esa información ni la prueba de que el empleado cumplió con los requerimientos del plan establecido en el Pacto Colectivo de la empresa.[21]

Si la Corte a qua estableció la nulidad del despido, resulta improcedente condenar al empleador al pago de prestaciones, pues el marco de la legislación laboral solo contempla el pago de las mismas cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador.[22]

Si el pago de las prestaciones a los empleados es irregular, la empresa recurrida no queda liberada de sus obligaciones.[23]

Aunque el Artículo 669 del Código Trabajo prohíbe la transacción o renuncia de los derechos que una sentencia conceda a un trabajador, dentro del período de lanzada la demanda hasta que intervenga sentencia con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada (Artículo 96 del Reglamento No. 258-93), el trabajador puede transigir respecto a sus derechos.[24] [25]

Las prestaciones proceden a favor del trabajador cuando el empleador termina el contrato de trabajo, ya fuere por desahucio, por despido sin justa causa o por dimisión por falta atribuible al empleador, pero no cuando el trabajador termina el contrato sin alegar causa.[26]

Se casa la sentencia que de forma imprecisa señala que en las prestaciones pagadas al trabajador faltaba el auxilio de cesantía, sin mencionar cuáles prestaciones se habían pagado y las circunstancias en que sucedió.[27]

Lo mismo sucede cuando la Corte a qua no aprecia el alcance del recibo de descargo firmado por el trabajador y los conceptos contenidos en un cheque de pago.[28]

Se rechazó la comparecencia personal de las partes porque los recurrentes pretendían con esa medida lograr un juramento decisorio, improcedente en caso de demandas por prestaciones laborales por estar cuestionamiento el crédito reclamado.[29]

Ningún error hubo en determinar la duración del contrato de trabajo para fines del cálculo de prestaciones, pues se admitió como tiempo un año y seis meses, lo que no fue objetado por el patrono.[30]

El pago de prestaciones laborales fue aceptado por los trabajadores “con reservas de reclamar ante los tribunales la inmovilidad sindical” y el pago de diferencia en el auxilio de cesantía, cuestiones inadvertidas por la Cámara a qua que conducen a la casación.[31]

Un incentivo gerencial constituye un salario extraordinario, que no puede ser computado para el cálculo de prestaciones laborales.[32]

Indemnización al Trabajador

En materia laboral no procede la condenación de daños y perjuicios, ya que el pago del preaviso y el de cesantía se estiman como una reparación del daño causado por el despido y en cuanto al pago de intereses, tampoco pueden ser acordados al trabajador.[33] [34]

Cuando el trabajador, al darse por terminado su contrato antes de la edad de la jubilación, queda protegido por una pensión vitalicia, los daños y perjuicios quedan cubiertos, siempre que la pensión sea suficiente para subvenir a sus necesidades.[35]

El Juez puede apreciar si una querella interpuesta por el empleador contra el trabajador le ocasiona daños, estableciendo las indemnizaciones correspondientes dentro de los términos del Artículo 712 del Código Trabajo.[36]

Carece de motivos y de base legal la sentencia que condena al empleador a pagar daños y perjuicios a favor del trabajador bajo licencia médica, sin precisar si a causa del accidente dicho trabajador quedó imposibilitado de prestar sus servicios, para que aplicara al caso el artículo 82-ordinal 2º del Código Trabajo.[37]

Si el empleador adeudaba al empleado otros valores distintos a la oferta real de pago para cubrir el resto del preaviso y la cesantía, la condenación establecida en el Artículo 86 del Código Trabajo solo podía imponerse a partir del momento que se presentó esa oferta.[38]

Liquidación Anual

El contrato de trabajo tuvo la duración alegada por el trabajador, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa, para rechazar la misma, alegó que al trabajador se le pagaban las prestaciones laborales periódicamente, lo cual fue rechazado por el Juez a quo, al establecer que, a pesar de los pagos recibido por el trabajador, la relación contractual nunca fue descontinuada hasta el día de la terminación del contrato que dio lugar a la demanda.[39]

Los demandantes no probaron haber sido despedidos anualmente por la empresa, sino que fueron ellos quienes pusieron fin a sus contratos de trabajo, por lo que toda alusión a la validez de las prestaciones laborales anuales resulta intrascendente.[40]

Doctrina

  • SUÁRES M., José D. Procedimiento para calcular las prestaciones laborales. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 1(2): 1-7. Santo Domingo: diciembre de 1991 a enero de 1992.
  • REYES VALDÉZ, Félix María. PÉREZ MIRAMBEAUX, Abel. NÚÑEZ PEPEN, Juana María.et.alli Seguridad SocialSanto Domingo:Escuela Nacional de la Judicatura. 2007. 235P.

Referencia

  1. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 727. Año 1994º
  2. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 777. Año 1430º
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 799. Año 1104º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 815. Año 1870º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 928. Año 320º,326º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 950. Año 86º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 958. Año 927º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 971. Año 1415º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 982. Año 1066º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1041. Año 86º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 1154º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 602º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1045. Año 343º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1046. Año 41º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1054. Año 608º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1055. Año 477º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 1064º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 454º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 268º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 300º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 382º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1059. Año 596º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1060. Año 684º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 548º,562º,1043º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 644º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 623º
  27. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 839º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 170º
  29. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 690º
  30. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 799º
  31. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 547º
  32. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 602º
  33. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 870. Año 1407º
  34. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 908. Año 890º
  35. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 928. Año 363º
  36. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 440º
  37. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 581º
  38. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 692º
  39. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1054. Año 955º
  40. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1057. Año 633º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

--Escuela Nacional de la Judicatura/Aneudy B. Leyba 07:33 2 sep 2009 (MST)


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