Intereses Colectivos o Difusos

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Tabla de contenidos

Normativa

Constitución

Legislación

Definición

El Código de Defensa del Consumidor brasileño, define en su artículo 81 estos dos tipos de intereses, y señala que son difusos, los intereses “transindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho” y que son colectivos los intereses “transindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sea titular un grupo, una categoría o una clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base.[3]

Estos derechos están dentro de los derechos individuales y sociales tutelados por la Constitución de la República, señalando en su artículo 8, señalando en su parte capital: Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Regulando a partir del ordinal 3 hasta su ordinal 17 del referido artículo lo relativo a los derechos sociales y económicos de los ciudadanos.

Otra norma que versa sobre protección de derechos colectivos, lo es la ley 358 del 9 de septiembre del año 2005, sobre protección a los consumidores, señalando en su artículo 1 que: Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjero…

Delegación de los Intereses Colectivos o Difusos

A los fines de la tutela de los interese colectivos y difusos, la norma procesal penal dominicana, permite a la víctima delegar sus intereses a favor del Ministerio Público o de una entidad no gubernamental especializadas. La delegación hecha por la víctima, esta subordinada a circunstancias particulares como son:

1) Carezca de recursos y le delegue su ejercicio;

2) Sea incapaz de hacer valer sus derechos; y

3) No tenga quien lo represente.

Efectos

La delegación de los derechos de las víctimas, para la persecución de los intereses colectivos y difusos, genera efectos con respecto a ella misma, de los cuales se puede señalar:

1) Pierde el control personal del proceso, pasando este al Ministerio Público o a la entidad no gubernamental a la cual se le haya conferido;

2) La víctima participaría en calidad de testigo;

3) La acción recursiva es ejercida por quien ostente la facultad de demandar;

4) Obliga al Ministerio Público a presentar acusación;

5) Obliga al Ministerio Público y a la entidad no gubernamental a presentar acción civil;

6) La entidad no gubernamental no adquiere derecho propio para reclamar indemnización en su provecho particular;

7) La delegación debe de ser por escrito.

La normativa procesal penal no señala expresamente la necesidad de escritura para que los intereses de la víctima sean delegados, pero sin embargo, el párrafo del artículo 94 de la ley 358-05 de fecha 9 de septiembre del año 2005, sobre protección a los consumidores reglamenta que en caso de demandas de reparación de daños y perjuicios, será necesario el mandato expreso del afectado, sin establecer parámetros. Resulta práctico el hecho de exigir la referida escritura, motivado esto, por el control y seguridad que lo mismo ofrece a la misma víctima afectada directamente por el hecho punible; otro motivo, lo es el control al momento de la liquidación de las indemnizaciones; y, además, definir los alcances de la persecución que le fue conferida. [4]

Doctrina

  • No Encontrada

Referencia

  1. República Dominicana [Constitución 2002] 'Constitución de la República Dominicana:' Puesta en vigor en Santo Domingo, República Dominicana el día 25 de julio del 2002. 74p, Publicada en la Gaceta Oficial 10240.33. (Artículo 8.1)
  2. República Dominicana [Leyes] Ley No. 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal. Publicado en la Gaceta Oficial No.10170
  3. AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN, Maite “Algunas precisiones en torno a los intereses supraindividuales; Revista Chilena de Derecho, Vol. 33 N0 1, pp. 69 - 91 [2006]
  4. República Dominicana [Leyes] Ley No. 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal. Publicado en la Gaceta Oficial No.10170 (Artículos 51, 85)

Bibliográfica

  • GÓMEZ H., Darío. Vocablos y Conceptos del Código Procesal Penal. Santo Domingo: Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2007. 108p.

--Escuela Nacional de la Judicatura/Ricardo Mota 06:26 12 oct 2009 (MST)

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