Embargo

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Ver También: Acumulación del Defecto Apelación, Admisibilidad Certificado de Titulo, protección del adquiriente a quien se le entrega el certificado de título de su vendedor Competencia, Ratione Loci Competencia en Materia de Tierras, Medidas Conservatorias Comunidad Legal, Indivisión Posterior a la disolución de la Contratos con el Estado CORDE Distracción de Objeto Embargado Ejecución de Sentencia Ejecución Provisional Empresas del Estado Entidades Estatales no Lucrativas Hipoteca Judicial Secuestro Título Ejecutorio

Tabla de contenidos

Normativa

Legislación

  • Ley No. 138 de 1971, simplifica el embargo retentivo en manos de los bancos[1]

Decreto

De Buques

Jurisprudencia

Autorización

En el auto que dicte el Juez para autorizar un embargo conservatorio, debe hacer constar la suma por la cual se autoriza así como también el plazo en que el acreedor deberá demandar ante el Juez competente la validez del embargo.[3]

Competencia

Para una demanda en levantamiento de embargo retentivo, no es competente el Juez del lugar donde se encuentran los bienes embargados, sino el del domicilio del embargado (Artículo 567 Código Procedimiento Civil)[4]

Crédito Justificado

Para que el Juez pueda autorizar al acreedor a practicar un embargo conservatorio sobre los muebles y a efectuar una inscripción de una hipoteca judicial provisional sobre los inmuebles de su deudor, es necesario que previamente compruebe la existencia de un crédito justificado en principio, para lo cual debe examinar los documentos sometidos por el acreedor y cuando estima que existe el crédito, no por ello ha juzgado el fondo, puesto que no ha condenado a pagar la deuda.[5]

Daños causados por

Mediante autorización para emplazar a breve término se puede pedir un desembargo, pero no los daños y perjuicios causados por el embargo. En esta vía esta demanda es inadmisible.[6]

Se acepta el criterio de la Corte a qua de suprimir la indemnización acordada a la viuda del deudor que demandó la nulidad de un embargo ejecutivo, pues las deudas de la sucesión pasan a los herederos, a menos que renuncien a ella o la reciban a título de inventario; por tanto, la empresa recurrente tenía derecho a reclamar el pago de la deuda a los herederos.[7]

Deber del guardián mientras la sentencia sea recurrible

Mientras la sentencia condenatoria (en este caso al pago de costas) no adquiera la autoridad de cosa juzgada, el guardián actúa correctamente al negarse a entregar los efectos embargados para su venta.[8]

Extranjeros

Los extranjeros pueden embargar bienes inmuebles sin la autorización del Poder Ejecutivo.[9]

Fallecimiento del Deudor

La Corte estableció que la empresa recurrente tuvo conocimiento de la muerte de su deudor a partir del acto de notificación de la sentencia condenatoria, así como por el acto del proceso verbal de embargo ejecutivo, constando en ambos que el alguacil habló con su viuda; en estas condiciones, la empresa recurrente debió proceder de acuerdo al Artículo 877 del Código Civil.[10]


Limitación en la Autorización

El Juez autorizó únicamente embargar en manos de los bancos, pero el embargante también lo practicó en manos de X, motivo por el cual fue condenado a pagar daños y perjuicios al demandado. Esta sentencia se casa, porque la ordenanza dictada por el Juez solamente tiene por objeto reemplazar el título que le falta al acreedor, pero el acreedor no está ligado a la designación del tercero embargado que haya sido señalada por el Juez.[11]

Modificación y Levantamiento

Mientras esté en discusión la cuestión de si la deuda está a cargo de la demandada o de un tercero, no debe subsistir el embargo de sus bienes.[12]

La facultad del Juez de los referimientos de reexaminar los motivos que lo indujeron a autorizar medidas conservatorios, puede ejercitarse antes o después de que se introduzca la demanda en validez del embargo, lo cual se confirma por el hecho de que podría ordenarse no sólo la cancelación, sino también la reducción, situación que, aunque eventualmente podría influir en la demanda en validez, es una consecuencia necesaria de nuestro sistema.[13]

El Artículo 417 Código Procedimiento Civil, que limita la competencia de los Jueces en asuntos comerciales a autorizar embargos conservatorios de efectos mobiliarios, ha sido virtualmente extendido por la Ley No. 5119 de 1959, que reformó los Artículos 48 al 59 del Código Procedimiento Civil. Estas disposiciones dan competencia a los Jueces de Primera Instancia para revocar por vía de referimiento las ordenanzas o resoluciones que ellos mismos hayan dictado anteriormente para autorizar los embargos conservatorios. En caso de que los embargantes se sientan lesionados por una revocación de esa especie e interpongan apelación, la Corte apoderada, en virtud del efecto devolutivo de ese recurso, puede reordenar el embargo. No puede, sin embargo, revocar la resolución apelada sobre la única base de que el Juez de los referimientos no tenía competencia para disponer el desembargo porque ya se había radicado una demanda en validez, porque esta solución desconoce la modificación virtual hecha al Artículo 417 del Código Procedimiento Civil por la Ley No. 5119.[14]

Aunque en un primer momento, el demandado ofreció pagar sólo el importe del cheque sin fondos, en sus conclusiones ofreció pagar todo lo que el demandante le reclamaba. Al existir una oferta de pago para realizarse en la misma audiencia, había un motivo legítimo para que el Juez de los referimientos ordenara el levantamiento de los embargos trabados.[15]

Motivos

El Artículo 48 del Código Procedimiento Civil obliga a los Jueces a comprobar y consignar en sus ordenanzas o sentencias, aunque sea sumariamente, los motivos en que los fundan; es decir, exponer los motivos de hecho que concurran a dar carácter de seriedad al crédito de que se trate e igualmente exponer si el mismo está en peligro de ser recuperado y la urgencia de actuar para su preservación.[16]

Carece de base legal la sentencia que confirma un embargo retentivo sin determinar si existía peligro de que el crédito no se pudiera cobrar y urgencia de actuar para su preservación, sobre todo frente a una compañía de seguros a la que el demandante, al contratar el seguro, le reconoció su solvencia.[17]

Nulidad

Una vez presentada la demanda en validez del embargo conservatorio, la nulidad de dicho embargo no puede proponerse en referimiento, sino sólo como cuestión de fondo. Pero cuando por error se plantea como asunto sumario, este error no engendra una incompetencia, sino una nulidad de procedimiento, lo cual autoriza a la parte demandante a oponerse a que el asunto sea instruido y juzgado conforme al proced. de referimiento.[18]

La Corte obró correctamente respecto a la nulidad del embargo conservatorio, en vista de que el mismo fue realizado fuera del plazo de 60 días otorgado en la ordenanza del Juez, lo que también ocurrió con la demanda en validez.[19]

Retentivo u Oposición

Ver También: Referimiento

Los actos extrajudiciales de oposición, aunque sean notificados por alguaciles, no tienen fuerza coercitiva sobre el demandado. Pero el Juez de los referimientos, una vez apoderado, puede producir una medida conservatoria que coincide con el acto extrajudicial.[20]

El banco no puede negarse a entregarle a la mujer casada los fondos depositados por ella a su cuenta sobre una simple oposición notificada a requerimiento del marido.[21]

Se cursaban dos demandas simultáneamente: una de nulidad de un acto de venta y daños y perjuicios y la otra de validación del embargo retentivo trabado en manos de terceros. El recurrente argumentó que debía sobreseerse el conocimiento de la demanda en validez hasta que el demandado hubiese sido condenado al pago de las causas de dicho embargo. La Suprema Corte de Justicia falló que no es necesario obtener el título ejecutivo para validar el embargo retentivo (Artículo 551 Código Procedimiento Civil), ya que la demanda en validez no involucró una cuestión prejudicial y por tanto que no debía sobreseerse dicha demanda.[22]

No procede declarar la nulidad de un embargo retentivo no seguido de denuncia y citación en validez (Artículos 563 y 568 Código Procedimiento Civil) cuando se produce una demanda sobre el fondo y después de fallado ésta, se pide la validación del embargo. Esta forma de proceder se justifica después de la reforma introducida en el procedimiento civil para permitir embargos conservatorios previamente a las demandas.[23]

La esposa divorciante notificó una oposición de pago al banco donde tenía sus fondos la compañía de la que su marido era principal accionista. El banco congeló las cuentas de la compañía y ésta lo demandó en daños y perjuicios El tercero a quien se notifica una oposición de disponibilidad o un tercero embargado no es Juez de la validez de la oposición y no incurre en responsabilidad si rehusa el pago de cheques o la entrega de valores, aun cuando la oposición fuera irregular, hasta que no se haya presentado su levantamiento judicial o amigable.[24] [25] [26] [27]

Si el embargante recibe de los terceros embargados, en ejecución de una sentencia recurrida en casación, sumas superiores a las que en la sentencia de envío se declaran adeudadas, está obligado a restituir el excedente.[28]

Tercer Embargado

El Artículo 577 del Código Procedimiento Civil solo es aplicable a los casos que él prevé: ausencia de declaración afirmativa o no presentación de pruebas justificativas; por tanto, la inexactitud o falsedad que pudiera tener la declaración del tercer embargado, no lo convierten en deudor puro y simple de las causas del embargo.[29]

Urgencia y Peligro

La apreciación de si existen o no urgencia y peligro para conceder o denegar las medidas conservatorios que se solicitan en base a los Artículos 48 y siguientes del Código Procedimiento Civil entra en la esfera de prudencia de los Jueces de fondo y no está sujeto al control en casación, salvo que la decisión se haya dictado en vista de un título sin fuerza jurídica o que se aporten documentos que no sean obra de las mismas partes, cuyo cotejo con la decisión evidencie una desnaturalización de los hechos.[30] [31] [32] [33]

El hecho de pedir comunicación de documentos no implica reconocimiento de que no hay celeridad en el asunto (con la consecuencia de que la medida conservatoria es improcedente)[34]

La decisión de si procede la inscripción provisional de una hipoteca judicial sobre un inmueble propiedad del demandado, escapa a la censura de la casación.[35]

La determinación de que el cobro del crédito parece estar en peligro, aparte de constituir una cuestión de hecho abandonada a la soberana apreciación de los Jueces de fondo, debe ser establecida por el acreedor actuante. No basta que el crédito sea cierto ni basta el peligro general de que los bienes del deudor puedan ser disipados. Tiene que aportarse una prueba especial.[36]

El proveedor mostró que todas sus facturas estaban vencidas, de lo que pretendió deducir que su crédito estaba en peligro. La exigibilidad de un crédito es una cuestión completamente independiente de la condición de peligrosidad para su cobro.[37]

La existencia de un crédito justificado en principio y la urgencia son cuestiones de hecho que escapan al control de la casación.[38]

Con el depósito de certificaciones del Registrador de Títulos de que las hipotecas sobre los inmuebles del deudor no están canceladas a pesar de estar vencidas, se demuestra la insolvencia y el peligro del cobro de sus deudas. Desde el instante en que hay peligro en el cobro de un crédito existe urgencia para que se adopten medidas conservatorios.[39]

Se aprecia la existencia del peligro cuando el deudor ha efectuado sesiones de derechos inmobiliarios en la partición de su comunidad matrimonial y en la venta de un inmueble a una compañía por RD$10,000.[40]

La urgencia es una cuestión de hecho que queda abandonada a la apreciación del Juez de los referimientos.[41]

Doctrina

  • SUBERO I., Jorge A. Competencia del juez de los referimiento para ordenar el levantamiento de un embargo retentivo. En: Cuadernos Jurídicos, 2(14): 25-28. Santo Domingo: marzo de 1978.
  • LUCIANO P., Rafael M. Astreinte y embargo retentivo. En: Estudios Jurídicos, 3(2): 241-253. Santo Domingo: 1978.
  • PÉREZ M., Artagnan. Embargo conservatorio general. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 7:3-9. Santo Domingo: abril-junio de 1979.
  • MORETA C., Américo. Aspectos controvertidos del embargo retentivo. En: Coloquios Jurídicos, 4(7): 20-36. Santo Domingo: julio-diciembre de 1989.
  • RAMOS M. Wellington J. Estudio sobre la validez de enbargo retentivo de créditos futuros. En: Revista de Derecho Empresarial, 11: 2-3. Santo Domingo: 1 de enero de 1992.
  • RAMOS M. Wellington J. Estudio sobre la validez de enbargo retentivo de créditos futuros II. En: Revista de Derecho Empresarial, 12: 1-3. Santo Domingo: 1 de mayo de 1992.
  • Disposiciones legales sobre el procedimiento de embargo conservatorio. En: Revista Procedimientos Jurídicos, 1(4): 13. Santo Domingo: febrero de 1995.
  • Modelos de los formularios a utilizar en el procedimiento de embargo conservatorio. En: Revista de Procedimientos Jurídicos, 1(4): 15-25. Santo Domingo: febrero de 1995.
  • Modelos de los formularios a utilizar en el procedimiento de referimiento contra embargo conservatorio. En: Revista de Procedimientos Jurídicos, 1(5): 19-30. Santo Domingo: marzo de 1995.
  • POLANCO, Cándido S. Referimiento contra el embargo conservatorio: Comentario. En: Revista Procedimientos Jurídicos, 1(5): 5-6. Santo Domingo: marzo de 1995.
  • Conferencia sobre vías de ejecución: (Los embargos). Participantes: Mariano Germán Mejía, Domingo Rafael Vasquez C., Avelino Guzmán V. [y] Artagnan Pérez Méndez. Dictadas del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1987 en el auditorio de las oficinas gubernamentales (El Huacal) Santo Domingo. Santo Domingo: Ediciones Universo, 1996. 161p.

Recursos

  • Los Embargos. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2008. 109 p.


Referencia

  1. República Dominicana [Leyes] Ley No. 138 de 1971, simplifica el embargo retentivo en manos de los bancos. Publicada en la Gaceta oficial 9229.27
  2. República Dominicana [Decretos] Decreto No. 222-92, que agrega el acápite 9.11 al artículo 9, Sección 3 del Reglamento No. 1673 del 7 de abril de 1980, sobre Prestaciones de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana. Publicado en la Gaceta oficial 9839.17
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 984. Año 1339º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 837. Año 1859º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 890. Año 194º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 757. Año 3834º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 132º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 783. Año 206º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 729. Año 2447º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 131º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 964. Año 279º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 715. Año 1314º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 729. Año 2348º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 790. Año 1589º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 982. Año 1087º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 803. Año 1904º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 823. Año 1008º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 824. Año 1318º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 156º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 741. Año 1911º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 752. Año 1814º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 789. Año 1383º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 814. Año 1821º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 878. Año 176º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 886. Año 2295º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 886. Año 2388º
  27. Discurso, Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 890. Año 6º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 888. Año 2920º
  29. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1067. Año 207º
  30. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 753. Año 2193º
  31. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 765. Año 2133º
  32. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 772. Año 565º
  33. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 873. Año 2510º
  34. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 757. Año 3832º
  35. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 766. Año 2542º
  36. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 776. Año 1231º
  37. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 803. Año 1955º
  38. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 873. Año 2510º
  39. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 890. Año 195º
  40. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 923. Año 1913º
  41. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 932. Año 892º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

Enlaces Relacionados

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