Desahucio

De EnjWiki


Ver También: Prestaciones Laborales

Tabla de contenidos

Jurisprudencia

La falta de pago de prestaciones laborales por el alegado desahucio, bajo el imperio del Código Trabajo de 1951, se asimilaba a un despido injustificado en vista de que dicho Código no contemplaba el pago de una suma adicional, como sucede en la actualidad.[1]

No es suficiente que una empresa confeccione el recibo de descargo y expida el cheque correspondiente para el pago de las prestaciones laborales. Ni basta alegar que el trabajador se negó a recibir el pago de sus prestaciones. En la audiencia de conciliación celebrada en el Departamento de Trabajo, el patrono tiene la oportunidad de ofrecer el pago. De no hacerlo, el desahucio se convertía en un despido injustificado bajo el Código Trabajo de 1951. Se libera solamente mediante oferta real y consignación.[2] [3]

El documento en que CORDE comunicó al trabajador que deja sin efecto el contrato de trabajo, sin invocar causa alguna para poner fin a dicho contrato, produce el efecto de un desahucio, pues ese tipo de terminación del contrato se caracteriza por la circunstancia de que las partes no invocan ninguna causa para dar por concluida la relación contractual. Al determinarse la existencia del desahucio, era al patrono a quien correspondía probar que había otorgado el plazo del desahucio y pagado el auxilio de cesantía, y por no haber hecho esta prueba, se le condenó en adición a un día de salario por cada día de retardo (Artículo 86 Código Trabajo).[4]

Cuando el empleado ha sido objeto de un desahucio sin haber recibido el pago de sus prestaciones, le corresponde recibir el pago de un día de salario por cada día de retardo (Artículo 86 Código Trabajo). No tiene derecho, adicionalmente, al pago de seis meses de salario (Artículo 95, ordinal 3º), el cual está reservado a los casos de despido injustificado, cuando el empleador no prueba la justa causa del despido.[5] [6] [7]

En la legislación anterior, el solo hecho de que el empleador entregara una suma de dinero a un trabajador al momento de la terminación del contrato de trabajo, no implicaba necesariamente que la terminación tuviera como causa un desahucio. Si el empleador no había cumplido con todas sus responsabilidades, el trabajador podía demostrar que se trataba de un despido.[8]

Cuando la empresa ejerce el derecho de desahucio, pero no paga las prestaciones, el desahucio no se convierte en un despido injustificado. Aun cuando hubiese existido uno de los impedimentos al desahucio prescritos por el Artículo 75 (situación que no se presentó en la especie), no se convertiría en despido injustificado, sino que no surtiría sus efectos y el contrato por tiempo indefinido se mantendría vigente.[9] [10]

El solo hecho de que el empleador pague las prestaciones laborales no significa que la terminación se haya producido por desahucio, aunque sí constituye un elemento a tomar en cuenta.[11]

El hecho de que el trabajador en su demanda alegue la existencia de un despido injustificado cuando en realidad hubo un desahucio no lo priva del pago de sus acreencias, aunque la falta de pago del desahucio no convierte el desahucio en un despido injustificado, sino que acarrea la aplicación del Artículo 86 Código Trabajo. El Juez debe dar la calificación correcta a la demanda, para lo cual le faculta el Artículo 534 del Código Trabajo, al disponer que, en ocasión de una demanda laboral, los Jueces pueden suplir cualquier medio de derecho.[12]

Hubo un despido y no un desahucio, porque el patrono reconoció que el trabajador había violado en su perjuicio el ordinal 3º del Artículo 88 del Código Trabajo.[13]

La condenación a astreinte prevista en el Artículo 86 del Código Trabajo solo aplica en caso de falta de pago de las prestaciones o por el ofrecimiento de una suma menor a la que tiene derecho el trabajador desahuciado. Como el Tribunal de alzada declaró justas las sumas ofrecidas para cubrir las prestaciones en base a los cálculos del salario promedio diario realizados por el empleador, desestimando la proporción de un incentivo reclamado por la trabajadora, no podía mantener la condenación accesoria de la astreinte.[14]

De las pruebas aportadas la Corte estableció que la empleada interpuso su demanda en pago de prestaciones por causa de desahucio y no por despido, desahucio que fue admitido por la empresa al expresar en su memorial que ella había probado ese tipo de terminación de contrato.[15]

La Corte a qua estableció que la empresa ejerció un desahucio contra el trabajador, lo que ella misma admitió en su memorial de casación al expresar que no pudo pagar las prestaciones por carencia de recursos.[16]

El plazo que antecede a la terminación del contrato de trabajo por desahucio se establece a favor del trabajador, para que éste tenga tiempo de encontrar otro trabajo; él puede, por tanto, renunciar a él, perdiendo los salarios por ese concepto pero no el auxilio de cesantía.[17]

Las prestaciones ofrecidas al trabajador eran por un monto menor al que en realidad le correspondían, siendo rechazada la validez demandada ante los tribunales laborales, con la consecuente sanción para la empresa de pagar las sumas indicadas en el Artículo 86 del Código Trabajo.[18]

Daños resultantes del ejercicio del Derecho de Desahucio

Ver: Abuso de Derecho

Diferencia con el Despido

El patrono puso fin al contrato de trabajo por razones de economía, entregando un cheque al trabajador. Es una desnaturalización de los hechos concluir que se trata de un despido injustificado.[19]

Ejercido por el Trabajador

Ver También: Abandono de Trabajo

El desahucio es una figura jurídica que puede ser ejercida tanto por el empleador como por el trabajador, cuando una de las partes contratantes, sin existir motivos, desea no seguir ligada por el contrato de trabajo, sin que implique renuncia al pago de prestaciones laborales, pues la ley no contempla el pago de esas prestaciones cuando la terminación del contrato se origina por la voluntad unilateral del trabajador. La falta por parte del trabajador de cumplir con la totalidad de las formalidades para realizar el desahucio, no torna éste en un despido, sino que crea la responsabilidad de parte del trabajador de pagar a su empleador una suma igual a los salarios que habría recibido en el plazo del desahucio. El reconocimiento de que el contrato terminó por un desahucio ejercido por el trabajador no constituye un desconocimiento del IV Principio Fundamental del Código Trabajo.[20] [21]

El desahucio se establece por una manifestación inequívoca del patrono o del empleado. Por sí sola la expresión atribuida al trabajador de “me voy de la compañía”, sin indagarse si esa expresión es el resultado de una acción voluntaria o producida por el empleador, no es suficiente como prueba.[22]

Cuando el trabajador termina el contrato sin alegar causa, ejerce su derecho a desahucio, aun cuando al manifestar esta voluntad exprese que renuncia a su trabajo y no cumpla con el plazo del desahucio frente al empleador.[23]

En la comunicación dirigida al patrono el trabajador le informó su decisión de terminar el contrato de trabajo, expresando que “amparado en lo que es el uso y costumbre en esta compañía, le solicito el pago de mis prestaciones laborales”, por lo que si la empresa aceptó esa solicitud debió pagar dichas prestaciones completas.[24]

Equivalente a Despido

La Cámara a qua pudo establecer que, no obstante el pago de las prestaciones, la terminación del contrato de trabajo tuvo como verdadero fundamento un despido injustificado en relación con la formación de un sindicato, por lo que se condenó a la empresa al pago de la prestación prevista en el ordinal tercero del Artículo 84 del Código Trabajo.[25]

Mujer Embarazada

En el caso de una mujer embarazada, lo que prohibe el Artículo 211 Código Trabajo es el despido, no el desahucio. Sin embargo, a fin de evitar que se pueda fácilmente desahuciar a una mujer embarazada, se impone la solución de que si el patrono no cumple con el requisito del Artículo 70 Código Trabajo de comunicar el desahucio al Departamento de Trabajo, el desahucio se torna en despido, cosa que el juez debe tomar en cuenta para decidir sobre la cuantía de la indemnización.[26]

La empleada no comunicó su estado de embarazo al patrono y aceptó el cheque de desahucio sin avisárselo. En esas condiciones, la sentencia que condenó al patrono a pagarle cuatro meses de maternidad carece de base legal.[27]

A los fines del Artículo 211 del Código Trabajo, no es necesario distinguir si se trata de un caso de desahucio o de despido, pues los fines de la ley, que son de proteger a la mujer embarazada frente al patrono que pretende separarla de su empleo, hacen indiferente la forma para poner fin al contrato.[28]

Se rechazó el recurso de casación contra una sentencia que declaró la nulidad del desahucio de una mujer embarazada del 15 de septiembre, cuando el plazo de 3 meses después del parto vencía el 18 de ese mes. La empresa había sido condenada a pagar los salarios vencidos y por vencer hasta que la empresa haga cesar la continuación del contrato de trabajo o hasta que intervenga una sentencia definitiva.[29]

La sentencia impugnada condenó al patrono, en base al Artículo 236 Código Trabajo, a pagar 5 meses de salario y, en base al Artículo 86, a pagar una suma igual a un día de salario por cada día de retardo. Estas condenaciones son excluyentes entre sí, pues el primer caso corresponde a la terminación por despido de la mujer embarazada y el segundo al desahucio de cualquier trabajador cuando no se le pagan las prestaciones. Siendo nulo el desahucio de una mujer embarazada (Artículos 232 y 75 del Código Trabajo), el contrato de trabajo sigue vigente, a no ser que se le haya puesto fin por otra causa y por ende no procede el pago de las prestaciones laborales.[30]

El Juez pudo válidamente interpretar el acto auténtico en que las empleadas embarazadas declaraban renunciar a sus empleos como desahucios debido a que recibieron un pago de prestaciones a cambio de sus renuncias. Dada la nulidad de los desahucios, se ordenó la continuación de la ejecución de los contratos de trabajo. Las medidas de protección a la mujer embarazada son de orden público y no pueden ser objeto de renuncia voluntaria.[31] [32]

De las pruebas aportadas el Juez apreció que al momento de ejercer el desahucio el patrono ignoraba el embarazo de la empleada, sin que ésta demostrara haber comunicado un certificado médico sobre su embarazo. Por tanto, no hubo violación al Artículo 211 Código Trabajo.[33]

Se casa la sentencia que no determina la manera que la trabajadora desahuciada comunicó su estado de embarazo al empleador, ni analiza las pruebas aportadas por las partes.[34]

La trabajadora envió la certificación médica de su embarazo trece días después de ejercido el desahucio, por lo que resulta inaplicable la regulación especial para la terminación del contrato de trabajo establecidas en los Artículos 232 y siguientes del Código Trabajo.[35]

Vistas las disposiciones del Artículo 232 del Código Trabajo, la Corte a qua debió establecer la fecha que terminó la licencia post natal y el momento del desahucio, a fin de determinar si había transcurrido el plazo de rigor para efectuar el desahucio.[36]

Es válido el desahucio efectuado cuando ha transcurrido el plazo de prohibición previsto por el Artículo 232 del Código Trabajo, no estando obligado el empleador a pagar la suma adicional de cinco meses de salario porque esta partida corresponde al caso de despido indicado en el Artículo 233 del Código Trabajo.[37]

Notificación al Departamento de Trabajo

En el preliminar de conciliación el patrono sostuvo que había desahuciado al trabajador y le ofreció un cheque por sus prestaciones, pero el trabajador lo rehusó alegando que en realidad había sido objeto de un despido injustificado, por lo que el cheque era insuficiente. Del hecho de que el patrono no haya notificado el desahucio al Departamento de Trabajo no puede el Juez válidamente deducir que se trataba de un despido.[38]

La falta de comunicación del desahucio al Departamento de Trabajo en el plazo de 48 horas no convierte el desahucio en un despido injustificado.[39]

El preaviso a la otra parte no tiene que avisarse en forma directa. Puede hacerse a través del Departamento de Trabajo. (Código Trabajo, Artículo 70)[40]

La empresa puso término al contrato de trabajo mediante desahucio notificado a trabajador y al Departamento de Trabajo en la misma fecha, a partir de lo cual comenzó a correr el plazo de preaviso.[41]

Sin pagar Prestaciones

Como en el caso no se ha probado que el ingenio recurrente pagara al trabajador sus prestaciones, el desahucio se convirtió en un despido injustificado.[42]

Doctrina

  • ALBURQUERQUE, Rafael F. Desahucio e inamovilidad sindical. En: Estudios Jurídicos, 2(3): 161-176. Santo Domingo: 1975.
  • SÁNCHEZ G., Enrique. ¿Cuándo se inicia el procedimiento de desalojo autorizado por el control de alquileres de casas y desahucios?. En: Estudios Jurídicos, 2(3): 115-118. Santo Domingo: 1975.
  • FERNÁNDEZ P., Bernardo. Explicaciones respecto al anteproyecto de ley sobre restricciones al ejercicio del desahucio. En: Cuadernos Jurídicos, 2(22): 46-48. Santo Domingo: noviembre del 1978.
  • VENTURA M., Carlos M. Estudio sobre el alquiler de casas y desahucios en la República Dominicana. Santo Domingo: Editora la Abeja, 1996. 129p.

Referencia

  1. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1046. Año 267º
  2. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1048. Año 470º
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1051. Año 525º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1048. Año 538º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1049. Año 284º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 956º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 760º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1049. Año 386º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1050. Año 596º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1055. Año 430º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1053. Año 366º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1053. Año 478º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1054. Año 935º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 308º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1060. Año 697º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 615º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 1099º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 781º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 878. Año 49º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1054. Año 873º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 737º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1056. Año 374º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1062. Año 622º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 664º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 844. Año 509º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 762. Año 1219º
  27. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 879. Año 510º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 896. Año 1758º
  29. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1050. Año 449º
  30. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1052. Año 596º
  31. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1052. Año 692º
  32. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 836º
  33. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 563º
  34. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1060. Año 678º
  35. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 768º
  36. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 903º
  37. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 645º
  38. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 774. Año 878º
  39. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 908. Año 890º
  40. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 935. Año 1369º
  41. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 674º
  42. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 908. Año 890º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

Herramientas personales
Crear un libro
Herramientas