Defensa, Derecho de

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Normativa

Legislación

Jurisprudencia

El recurso del tercero perjudicado por una sentencia en que no fue parte es consagrado en forma universal por el Artículo 8, inciso 2, apartado j) de la Constitución y se encuentra implícito en una ley, aunque no esté expresado en ella.[4]

Se rechaza el medio de casación sustentado en violación al derecho de defensa, pues en la sentencia impugnada existe constancia de todos los plazos otorgados a la parte recurrente para ampliar sus conclusiones, producir escritos de réplica e incluso la concesión de una reapertura de debates.[5]

En una litis se considera lesionado el derecho de defensa cuando, por ejemplo, se altera la igualdad de los debates.[6]

No puede haber violación al derecho de defensa porque el Tribunal Superior Tierras otorgó plazos a todas las partes, comparecientes o no comparecientes, para depositar escritos ampliatorios de conclusiones y documentos.[7] [8]

La motivación suficiente y pertinente de la sentencia revela que no se violó el derecho de defensa del recurrente, pues fueron observadas todas las medidas solicitadas, tales como comunicación de documentos, comparecencia de las partes y prueba testimonial.[9]

Hay violación al derecho de defensa cuando los recurrentes no son citados en primera instancia.[10]

También se viola el derecho de defensa cuando el Tribunal falla el fondo del asunto sin resolver un incidente previamente formulado por una de las partes, y sin darle oportunidad de pronunciarse sobre un informe pericial admitido como prueba.[11]

El contenido de la sentencia reveló que se resguardó el derecho de defensa de la empresa recurrente, dándole varias oportunidades para aportar pruebas y celebrar un contrainformativo en el curso de la apelación (inclusive con una reapertura de debates), sin que obtemperara.[12]

Ordenada la comunicación de documentos y la prórroga de la misma, el correcurrente tuvo oportunidad de conocer los documentos aportados, y derivar de ello las consecuencias o acciones que estimare oportunas, lo que no hizo, sin que pueda alegar violación al derecho de defensa.[13]

Tampoco hay tal violación cuando el Juez ejerce la facultad prevista en el Artículo 47 de la Ley No.834, y declara de oficio la falta de calidad de una parte por falta de interés.[14]

En el caso quedó demostrado el respeto a los principios de publicidad y contradicción, siendo emitido el fallo en base a las pruebas aportadas, lo que descarta la violación al derecho de defensa.[15] [16] [17] [18]

Siendo facultativo para el Tribunal de Tierras designar una persona que pueda ayudar a las partes que concurren en un saneamiento en la forma prevista por el Artículo 68 de la Ley Registro de Título, la falta de cumplimiento a esta previsión no constituye violación a la ley ni al derecho de defensa.[19]

Tampoco se verifica esta violación por el alegato de la parte recurrente respecto a la incomparecencia de su abogado por haberlo desapoderado del caso, pues el nuevo abogado no compareció como debió hacerlo, para así explicar la situación y que el Tribunal pudiera darle oportunidad para asistir a dicha recurrente.[20]

La negación del reenvío solicitado por los recurrentes ante el Tribunal a quo a fines de preparar una mejor defensa, en nada les perjudicaba, pues resultaba frustratorio en función de los motivos contenidos en la decisión impugnada para rechazar sus pretensiones; además, se otorgó a su abogado un plazo para ampliar conclusiones y depositar documentos, sin que dicha decisión evidencie que así lo hubiere hecho.[21]

El examen de la sentencia impugnada muestra todos los actos y documentos relacionados con el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como el dispositivo de una sentencia preparatoria dictada por la Corte a qua para las partes depositar escritos ampliatorios, todo lo cual descarta que haya habido violación al derecho de defensa.[22]

Era obligatorio para la Corte a qua contestar los planteamientos presentados por la compañía aseguradora y la parte civilmente responsable, sobre la irregular citación de esta última en un lugar distinto de su domicilio.[23]

No se viola el derecho de defensa ni la ley cuando el tribunal de alzada adopta los motivos del Juez de primer grado, aunque no los reproduzcan, si se comprueba que la decisión revisada se ajusta a los hechos y a la ley.[24]

Asimismo, ninguna violación se produce cuando los Jueces no fijen nuevas audiencias para someter al debate oral, público y contradictorio los documentos depositados ante el Juez de Jurisdicción Original.[25]

Por el contenido de la sentencia se advierte que la Corte a qua identificó, ponderó y analizó la documentación aportada por el recurrente, indicando el valor que le merecían por no probar los hechos alegados, quedando descartada la violación al derecho al defensa.[26]

Aún cuando las disposiciones de los Artículos 149 y 150 de la Ley No.834 del 1978 permitían a la Corte pronunciar el defecto contra el demandado y acoger las conclusiones de la parte que lo requiera si fueran justas y reposasen en prueba legal, hubo una violación al derecho de defensa de dicho demandado por no haber sido puesto en mora de concluir; sin embargo, en la especie la recurrente carecía de interés para invocar esa violación, en contra del recurrido.[27]

Se produce violación al derecho de defensa si se aumenta la indemnización fijada por el tribunal de primer grado sin dar motivos.[28]

Doctrina

  • BINDER, Alberto; NIETO GADEA,Daniel; GONZÁLEZ ÁLVAREZ,Daniel.et alii. Derecho Procesal Penal.Santo Domingo: Editora Amigo del Hogar, Primera Edición. 2006. Reimpresión 2007. 626 P.
  • ALVAREZ VALENCIA,Hugo.TAVARES,Margarita .CASTELLANOS ESTRELLA,Víctor J.et. alii. Curso Garantías Constitucionales. . Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 262 P.
  • CONEJO,Milena.CORSINO NÚÑEZ DE ALMONACID,Aylín J.CURIEL DURÁN,Ramona.et.alli. Fundamentación de los RecursosSanto Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura.2007. 575 P.
  • GARRIDO, Henry. Derechos del acusado: Tribunales ordinarios, militares y policiales. Santo Domingo: Imp. Alfa & Omega, c.1992. 187p.
  • GARRIDO, Henry. Derechos del acusado: Tribunales ordinarios, militares y policiales. 2da. Ed. Santo Domingo: Imp. Alfa & Omega, c.1996. 227p.
  • PELLERANO G., Juan Ml. Los derechos del justiciable en la constitución dominicana. En: Estudios Jurídicos, 7(1): 129-138. Santo Domingo: enero-abril del 1997.
  • SOSA P., Rosalía. El debido proceso de ley. En: Gaceta Judicial, 2(34): 14-18. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 4-18 de junio del 1998.
  • DE LA MATA,José .ALCÁCER GUIRAO, Rafael. RUSCONI, Maximiliano. et.alli.Teoría del DelitoSanto Domingo:Escuela Nacional de la Judicatura. 2007, 554 P.

Recursos

Referencia

  1. República Dominicana [Constitución 2002] 'Constitución de la República Dominicana:' Puesta en vigor en Santo Domingo, República Dominicana el día 25 de julio del 2002. 74p, Publicada en la Gaceta Oficial 10240.33. A la cabeza del título: La Asamblea Nacional. En nombre de la República Dominicana.
  2. República Dominicana [Leyes] Ley No. 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal, Publicado en la Gaceta Oficial No.10170 (Artículos 29 y siguientes)
  3. República Dominicana [Códigos] Código de Procedimiento Civil. Promulgado en Agosto del 2007
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 718. Año 2007º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1060. Año 832º, 1112º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1060. Año 1129º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 970º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 765º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 158º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 452º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 537º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 643º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 112º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 112º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 150º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 126º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1067. Año 179º,223º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 509º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 708º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 709º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 770º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 194º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 515º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 766º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 766º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 66º
  27. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 75º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 319º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

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