Competencia en Materia Laboral

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Ver También: Competencia, pronunciamiento previo de la Excepción

Tabla de contenidos

Jurisprudencia

En caso de muerte o incapacidad permanente de un trabajador, ocasionada por un accidente de trabajo, es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del accidente y no el Juzgado Paz.[1] [2]

Cuando los herederos demandan el pago del salario debido al de cujus, el asunto es sucesoral y no laboral y es competente el Juzgado de Primera Instancia y no el Ju. de P.[3]

Cuando el Juez de Paz condena penalmente al patrono por despido de una empleada embarazada, no es competente para pronunciar una condena al pago de prestaciones laborales, la cual le corresponde pronunciar en atribuciones laborales.[4] [5]

El Artículo 265 del Código Trabajo, lo que ha querido es eximir a los pequeños patronos rurales del pago de prestaciones laborales, pero no hacer incompetentes los tribunales de trabajo ni descartar la aplicación de las reglas laborales sobre prescripción de salarios.[6]

Cuando el salario de RD$500 mensuales se paga RD$300 en efectivo y RD$200 en acciones de la compañía, y ésta no cumple esta última obligación, por lo que el trabajador pide el valor en dinero de las acciones retenidas, no es competente el tribunal de trabajo por tratarse de un contrato de aporte, distinto del de trabajo.[7]

La competencia de los Juzgados de Paz y de Primera Instancia es la misma que la de los Ju. de Trabajo y Cortes de Trabajo (Artículos 48 y 691 Código Trabajo)[8]

La incompetencia de la jurisdicción laboral ratione materiae puede suscitarse por primera vez ante el Juez, no obstante el principio de que la discusión ante el Juez debe limitarse a los puntos tratados en el preliminar de conciliación.[9]

Se produjo una separación del trabajador por mutuo consentimiento, pagando la empresa RD$1,000 en efectivo y RD$2,000 en pagarés. El trabajador pidió el pago de su salario y prestaciones laborales. La Cámara de Trabajo sostuvo que el trabajador sólo tenía derecho a cobrar sus pagarés y se declaró incompetente. En la medida en que los pagarés representan el pago de salarios y vacaciones, son contrarios al Principio IV del Código Trabajo y la cuestión de la nulidad de los pagarés es de la competencia laboral.[10]

Las resoluciones del Departamento de Trabajo no crean situaciones definitivas y no son susceptibles de recurso contencioso-administrativo, sino que en caso de controversia son susceptibles de examen contradictorio ante los tribunales comunes.[11]

Cuando la ex empleada no solicita el pago de prestaciones, sino daños y perjuicios por abuso de derecho al habérsela desahuciado durante su enfermedad, son competentes los tribunales civiles.[12]

Demanda de pago de salarios por servicios de albañilería. Al no haber sido contestada la naturaleza laboral y al tener el contrato toda apariencia de estar ajustado al Código Trabajo, no se estaba en el caso de una incompetencia que debía ser acogida de oficio.[13]

El Artículo 3 de la Ley No. 259 de 1940 estableció un sistema especial de competencia para los patronos, según el cual tienen un domicilio en cada jurisdicción del país donde tienen un centro de operaciones.[14]

La empresa incumplió su obligación de contratar una póliza de seguro de vida sobre el trabajador. Los herederos de éste reclamaron daños y perjuicios al patrono. Los tribunales de trabajo son competentes para conocer demandas relativas a derechos derivados de contratos de trabajo.[15]

El anterior Código Trabajo no establecía otra jurisdicción que no fuera la laboral para el conocimiento de las acciones en reparación de daños y perjuicios (Artículo 660, igual al Artículo 703 del actual Código Trabajo, y Artículo 713)[16]

Si la empresa demandada tiene su domicilio en San Cristóbal y si el contrato fue celebrado y ejecutado en esa ciudad, es incompetente el Juzgado de Trabajo del D.N.[17]

La Cámara a qua hizo una correcta aplicación de la ley al decidir que de las relaciones de trabajo entre un patrono y un trabajador pueden irrogarse daños y p. no resarcibles por el pago de las prestaciones, cuyas acciones por su causa y naturaleza no escapan a la competencia de la jurisdicción laboral.[18]

Propuesta una excepción de incompetencia ratione materiae, el Tribunal debe ponderar los documentos aportados para justificar ese pedimento y expresar los motivos para rechazarlo.[19]

La Ley No.1896 otorga competencia a los Juzgados de Paz para los sometimientos efectuados por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales en aplicación de las sanciones penales derivadas de la violación a esa ley, no para las acciones de los trabajadores perjudicados por falta de inscripción o por falta de las cuotas del Seguro Social.[20]

Frente al silencio de la Ley No.37-93 que crea la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, es necesario admitir que esa jurisdicción comprende los mismos Distritos Judiciales establecidos por el Artículo 32 de la Ley Organización Judicial —San Pedro de Macorís, La Romana, El Seybo y La Altagracia—, criterio confirmado por el Artículo 101 de Reglamento No.258-93 para la aplicación del Código Trabajo y por la Ley No.343-98 que modifica la Ley No.36-93.[21]

Los empleados del Instituto de Formación Técnico-Profesional están regidos por el Reg. No.1894 del 1980; por tanto, la Corte a qua incurriò en violación a la ley al declarar la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer de una demanda en pago de prestaciones bajo las previsiones del Código Trabajo, porque el empleado reclamó derechos inexistentes que no pueden ser conocidos en ningún tribunal.[22]

El Artículo 483 del Código Trabajo concede al trabajador la opción de efectuar su demanda judicial entre los distintos lugares que prestó sus servicios personales, sin que sea necesario que el contrato de trabajo se efectúe de manera permanente en una localidad para establecer la competencia.[23]

Pero si el contrato de trabajo se ejecutó en un solo lugar, aplican las disposiciones del Artículo 483-1º del Código Trabajo y no el criterio establecido en el Artículo 3 de la Ley No.259 del 1940, pues el IV Principio Fundamental del Código Trabajo establece que el derecho común es supletorio en esta materia cuando en la legislación laboral no haya una disposición especial sobre el asunto.[24]

La facultad acordada por el Artículo 480 del Código Trabajo para los juzgados conocer asuntos accesorios a una demanda laboral, está sujeta a que se determine previamente que el asunto a decidir tiene vinculación con dicha demanda y trate de cuestiones accesorias a ésta.[25]

Doctrina

  • No Encontrada

Referencia

  1. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 710. Año 54º
  2. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 751. Año 1642º
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 710. Año 61º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 711. Año 305º
  5. Reproducido en Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 722. Año XVIIº
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 736. Año 663º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 752. Año 2272º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 753. Año 2273º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 778. Año 1767º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 800. Año 1302º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 811. Año 1214º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 823. Año 1183º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 847. Año 1506º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 874. Año 2578º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 886. Año 2449º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1051. Año 427º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1053. Año 307º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 244º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1058. Año 250º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 797º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 523º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 716º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 635º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 851º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1068. Año 611º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p



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