Competencia

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Ver También: Acción Civil Alquileres, Competencia Atribuciones Comerciales o Civiles Competencia Administrativa Competencia de la Suprema Corte de Justicia Competencia en Materia Laboral Competencia en Materia Penal Competencia en Materia de Tierras Consignación, Competencia Confiscaciones, Competencia Costas, Acumulación Declinatoria Derecho Internacional Privado Embargo, Competencia Hábeas Corpus, Competencia Inhibición Menores Policía, Delitos Referimiento Subasta

Tabla de contenidos

Normativa

Legislación

Jurisprudencia

Base para determinarla

Para determinar su competencia, el Juez de Trabajo, en adición a examinar el contrato, ordenó una medida de instrucción. El Juez debió basarse únicamente en las cláusulas del contrato.[2]

La Corte a qua no tenía que dar motivos específicos sobre su competencia, declarada implícitamente por ésta, pues no fue controvertida por la intimante y proponente en Primera Instancia.[3]

Costas y Honorarios

Aun cuando un tribunal se declara incompetente, puede condenar al pago de costas a la parte que sucumbe en el incidente de incompetencia.[4]

Cuando el abogado pide el pago de un estado de costas y honorarios a su cliente, para asuntos llevados ante varios tribunales, podría ser competente el Juez del domicilio del cliente. (Sentencia casada por falta de base legal).[5]

Pronunciamiento previo de la Excepción

La competencia por razón del lugar, al intentarse la demanda en la Primera en lugar de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional (Ley No. 6208 de 1963) es de interés privado y queda cubierta si el demandado presenta primero la excepción de comunicación de documentos.[6] [7]

El Juez no está obligado a estatuir sobre la competencia y el fondo en dos sentencias separadas.[8]

El pedimento de comunicación de documentos hecho en el acta de constitución de abogado con reserva de presentar después todas las excepciones permitidas por la ley, no implica aceptación de la competencia ratione loci del Tribunal y no impide que por conclusión formal se proponga esa incompetencia.[9]

Al ordenar un informativo, la Corte a qua implícitamente rechazó la excepción de incompetencia sin dar motivos pertinentes, violando así el derecho de defensa. Una situación distinta hubiese sido si la Corte hubiese ordenado el informativo para probar, no el fundamento de la demanda, sino los hechos sobre la competencia.[10] [11]

Si bien el Artículo 172 Código Procedimiento Civil dispone que toda demanda en declinatoria se juzgará sumariamente, sin que pueda acumularse a lo principal, tal disposición no se impone a los tribunales de apelación, porque su razón de ser es la de salvaguardar el derecho de apelar. La Corte puede rechazar la excepción de incompetencia y decidir el fondo mediante disposiciones separadas.[12]

La incompetencia ratione materiae debe resolverse en una sentencia separada, para que las partes puedan obtener una decisión final sobre esa cuestión.[13]

Los tribunales deben estatuir sobre su competencia mediante sentencia distinta a la del fondo o por lo menos estatuir separadamente sobre cada aspecto. (Artículo 172 Código Procedimiento Civil y Artículo 4 Ley No. 834 de 1978, aplicables también en materia penal.) No se puede acumular la excepción de incompetencia al fondo, cuando el demandado la ha presentado en forma especial.[14]

Cuando se suscita la excepción de incompetencia, la Corte debe estatuir sobre dicha excepción y, si la rechaza, debe darles a las partes un plazo para concluir al fondo.[15]

El Artículo 4 de la Ley 834 de 1978 permite al Juez fallar por la misma sentencia sobre la excepción y el fondo, pero a condición de poner a las partes en mora de concluir al fondo en audiencia a celebrarse en un plazo que no exceda de 15 días.[16] [17] [18] [19]

La excepción de incompetencia territorial debe ser propuesta antes de toda defensa al fondo, por lo que no puede plantearse por primera vez en casación.[20]

Después de haber concluido al fondo, no se puede proponer la excepción de incompetencia en apelación.[21]

Lo primero que debe examinar el Tribunal en todo proceso es su propia competencia, antes de estudiar los medios de inadmisión.[22] [23] [24]

En materia laboral, la declinatoria debe solicitarse antes de las medidas de instrucción. (Artículo 485 Código Trabajo)[25]

El demandado que hace defecto en Primera Instancia conserva la facultad de promover en apelación un debate sobre la competencia si plantea la excepción antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión.[26]

El trabajador demandó a su patrono ante el Juzgado de Trabajo por no inscripción en el Seguro Social. El patrono solicitó la declinatoria ante el Juez de Paz en atribuciones penales en base al Artículo 83 g) de la Ley 1896 sobre Seguros Sociales. El Juez se reservó el fallo sobre este incidente y ordenó la continuación de la causa en cumplimiento del Artículo 589 del Código Trabajo, que dispone que “la excepción de declinatoria se juzgará con lo principal” y del Artículo 534, según el cual el Juez “decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes”. El Tribunal de apelación decidió que esa sentencia era preparatoria y no susceptible de apelación. En su medio de casación, el patrono sostuvo que la incompetencia a que se contraen los Artículos 534 y 589 del Código Trabajo es de índole territorial, pero que cuando la incompetencia es de índole material y de orden público debía el Juez pronunciarse primero sobre la excepción. Rechazando el recurso de casación, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que estos artículos son de aplicación general en todos los casos de incidentes y excepciones. Su finalidad es evitar obstáculos en las litis laborales, que se producirían con el fallo previo de los incidentes que, aunque resulten infundados, darían lugar a los recursos y a la postergación del fallo sobre lo principal.[27] [28]

Ratione Loci

Si uno de los hijos del difunto fija sellos a sus bienes sin invocar su calidad de sucesor y otro hijo solicita la nulidad de dicha fijación, es competente el Juez del domicilio del demandado. (No aplicable el Artículo 921 Código Procedimiento Civil)[29]

La demanda en levantamiento de un embargo retentivo es de la competencia del tribunal del domicilio del embargado, pero éste puede optar por intentarla ante el Tribunal del domicilio del embargante. (Artículo 567 Código Procedimiento Civil)[30]

Es competente el tribunal de la gerencia de la empresa, aunque también lo es el del lugar donde lleva a cabo sus actividades económicas. Ley No. 259 de 1940.[31]

La incompetencia territorial no puede pronunciarse de oficio por el Juez.[32]

El Tribunal competente para ordenar en referimiento el levantamiento de un embargo retentivo es el que ordenó dicho embargo, ya que para ello es necesario que se haga un reexamen de la decisión tomada por él previamente. (Artículo 50 Código Procedimiento Civil). No es competente el tribunal del domicilio de la parte embargada.[33]

La disposición excepcional del Artículo 3 de la Ley No. 259 de 1940 sólo se aplica a los emplazamientos a personas físicas o morales establecidas en el extranjero que ejercen actos de la vida jurídica en la República a través de un establecimiento o de un representante.[34]

La CDE tiene en San Cristóbal una sucursal y puede ser demandada por ante la cámara civil de esa ciudad para obtener la reparación de un daño causado por hechos producidos en el radio de actividad de dicha sucursal.[35]

Los establecimientos comerciales pueden ser emplazados donde tengan un local o sucursal de suficiente importancia, sobre el fundamento de que se ha hecho allí una elección tácita de domicilio, a condición de que el litigio esté vinculado con una actividad contractual de la sucursal.[36]

Ratione Materiae

La incompetencia en razón de la materia puede ser suscitada de oficio por la Suprema Corte de Justicia.[37] [38]

Como esta incompetencia puede proponerse en cualquier estado de causa, la Corte obró erróneamente al declarar irrecibible la excepción de incompetencia porque los apelantes habían presentado conclusiones al fondo en Primera Instacia.[39] [40]

Es competente para el desalojo el Juez de Paz, aun cuando se encause también al ocupante, para que le sea oponible la sentencia a intervenir contra el inquilino.[41]

Según la Ley No. 834 de 1978, los Jueces no pueden de oficio promover la incompetencia funcional, aun cuando la regla sea de orden público. La regla anterior, vigente cuando se dictó la sentencia de primer grado, facultaba, pero no obligaba, al Juez a inhibirse.[42]

Conforme al Artículo 2 de la Ley No. 834 de 1978, la excepción de incompetencia, aun cuando se trate de reglas de orden público, debe ser propuesta, a pena de inadmisibilidad, antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión.[43]

La Cámara de lo Civil, como tribunal de apelación, no puede de oficio declarase incompetente cuando en un asunto de desalojo se contesta el derecho de propiedad (Artículo 20, Ley No. 834 de 1978).[44]

La Corte de Apelación, en demanda en ejecución de un contrato de venta, se declaró incompetente de oficio, después de comprobar que el terreno estaba en una litis ante el Tribunal de Tierras. Según el Artículo 20 de la Ley No. 834 de 1978, el tribunal de apelación puede promover de oficio su incompetencia cuando el asunto es del conocimiento de los tribunales represivos o de lo contencioso-administrativo o escapa a la competencia de los tribunales dominicanos. En esta enumeración, el legislador olvidó mencionar el saneamiento inmobiliario, porque la ley es una copia de la correspondiente disposición francesa donde no existe una jurisdicción especial de tierras.[45]

En nuestra organización judicial no existen tribunales de comercio, por lo que carecen de aplicación las disposiciones del Código Procedimiento Civil sobre declinatoria en demandas civiles o comerciales. Es infundada la pretensión de que se declare incompetente la Corte a qua por haber seguido el procedimiento comercial en un asunto civil.[46]

La demanda era no solamente por un alegado Corte de madera, sino también por el perjuicio al haber hecho perder la oportunidad de obtener un crédito en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos para desarrollar una urbanización. Como la demanda no se limitó a los daños noxales, sino abarcó también este perjuicio, era de la competencia del Juez Primera Instancia.[47]

Demanda en reivindicación ante el Juez de Paz, contra la cual se apeló a la Cámara de lo Civil. Ésta se declaró incompetente de oficio, al juzgar que el inmueble era un terreno registrado y que la litis era de la competencia del Tribunal de Tierras. En este caso, la Cámara Civil, actuando como tribunal de apelación, tenía prohibido declarar su incompetencia de oficio por el Artículo 20 de la Ley No. 834 de 1978.[48]

Las partes siguieron un procedimiento ante la Cámara Civil y Comercial en relación con un inmueble registrado, que culminó en una sentencia declarando nulo un acto de venta, sentencia que adquirió la autoridad de la cosa juzgada al no ser objeto de apelación. Posteriormente, el comprador inició ante el Tribunal de Tierras una demanda para que se ordene la inscripción del acto de venta. El Tribunal Superior de Tierras consideró válida la venta y ordenó la inscripción, declarando que la incompetencia de los tribunales comunes en materia de tierras es absoluta y que la sentencia de la Cámara Civil era nula. Se casa esta sentencia. La incompetencia de la cual puede ser tachada una decisión judicial cualquiera no es obstáculo para que la decisión adquiera la autoridad de la cosa juzgada, solución que se aplica aun en el caso de que se trate de una incompetencia ratione materiae.[49]

Recurso ante Tribunal Incompetente

Cuando un asunto de la competencia del Juez de Paz se lleva ante el Tribunal de Primera Instancia, el fallo es en última instancia (Artículo 192 Código Procedimiento Civil) y si se recurre ante la Corte de Apelación, ésta debe declararse incompetente de oficio. Su sentencia sobre el fondo se casa sin envío.[50]

Doctrina

  • BÁEZ, Damián. De la competencia en materia de habeas corpus. En: Revista Jurídica Dominicana, 2(1): 25-26. Santo Domingo: 1 de enero de 1940.
  • ÁLVAREZ S., Arístides. Interés de distinguir para fines de competencia entre lo que es la mensura catastral y lo que es el saneamiento. En: Revista Jurídica Dominicana, 14(42-43): 59-62. Santo Domingo: julio-diciembre de 1952.
  • CONTÍN A., Néstor. La Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. En: Revista Jurídica Dominicana, 20: 37-47. Santo Domingo: 1958. Edición extraordinaria dedicada a la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de su cincuentenario como Corte de Casación
  • Acta de instalación de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. En: Revista Jurídica Dominicana, 20: 56. Santo Domingo: 1958. Edición extraordinaria dedicada a la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de su cincuentenario como Corte de Casación.
  • ARISTY J., Arismendy A. Fundamento y Extensión de la competencia penal para la acción civil. En: Cuadernos Jurídicos, 2(24): 39-44. Santo Domingo: enero de 1979.
  • CORDERO F., Héctor A. Competencia del juez en atribuciones de referimiento. Santo Domingo: s.n., 1981. 134p.
  • SUÁREZ M., José D. La competencia en materia de tránsito. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 1(12): 341-346. Santo Domingo: agosto de 1985.
  • GARRIDO, Henry. Derechos del acusado: Tribunales ordinarios, militares y policiales. Santo Domingo: Imp. Alfa & Omega, c.1992. 187p.
  • DOTEL M., Héctor. Las infraciones penales ante el tribunal de tierras. Santo Domingo: Editora Taváres, 1994. 197p.
  • HERNÁNDEZ M., Edgar. El apoderamiento de la jurisdicción de instrucción. En: Revista Procedimientos Jurídicos, 1(3): 5-6. Santo Domingo: enero de 1995.
  • ALONSO, Rafael. Rol de la Suprema Corte de Justicia. La casación como garantía para bien administrar la justicia. En: Gaceta Judicial, 1(8): 42-45. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 29 de mayo al 12 de junio de 1997
  • FERNÁNDEZ L., Jaime. Competencia de los Juzgados de Paz. En: Gaceta Judicial, 1(10): 29. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 26 de junio al 10 de julio de 1997.
  • ORDOÑEZ S., David. UREÑA N., Miguelina. MORICETE F., Bernabel, et. alii. El Recurso de Amparo. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura. 2006. 358 p.

Referencia

  1. República Dominicana [Leyes] Ley No. 38-98, que modifica el Artículo 1 del Código Procedimiento Civil, aumentando el límite de la competencia de los Juzgados de Paz hasta RD$3,000 en única instancia y hasta RD$20,000 con cargo a apelación. Publicado en la Gaceta Oficial 9974.3
  2. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 932. Año 975º
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 97º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 747. Año 462º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 790. Año 1472º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 735. Año 323º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 794. Año 21º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 740. Año 1752º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 760. Año 780º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 762. Año 1214º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 870. Año 1368º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 766. Año 2537º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 850. Año 2255º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 860. Año 1087º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 860. Año 1100º,1166º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 875. Año 3101º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 906. Año 471º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 941. Año 539º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 731º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 909. Año 1255º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 982. Año 1111º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1042. Año 18º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1064. Año 111º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1067. Año 139º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1051. Año 513º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1052. Año 129º
  27. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1052. Año 700º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1063. Año 1000º
  29. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 750. Año 1358º
  30. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 750. Año 1359º
  31. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 759. Año 333º
  32. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 767. Año 2728º
  33. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 883. Año 1471º
  34. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 967. Año 625º
  35. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 967. Año 626º
  36. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 967. Año 639º
  37. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 727. Año 2003º
  38. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1059. Año 115º
  39. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 809. Año 723º
  40. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 892. Año 685º
  41. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 885. Año 2095º
  42. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 866. Año 29º
  43. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 892. Año 720º
  44. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 904. Año 213º
  45. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 905. Año 272º
  46. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 967. Año 638º
  47. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 978. Año 456º
  48. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 987. Año 126º
  49. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 992. Año 744º
  50. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 846. Año 967º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

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